Organizaciones denuncian presunta intimidación federal contra defensores de menores inmigrantes en Washington
Organizaciones dedicadas a la defensa legal de menores inmigrantes denunciaron que agentes federales realizaron visitas inesperadas a sus oficinas en el área metropolitana de Washington D.C., una acción que consideran un intento de intimidación contra quienes brindan representación jurídica a niños migrantes no acompañados dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, Ayuda y Kids in Need of Defense (KIND), personal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) acudió a sus instalaciones durante las últimas 48 horas para solicitar acceso a expedientes y documentación relacionada con menores que reciben asistencia legal.
Las organizaciones señalaron que los funcionarios federales no presentaron órdenes judiciales ni documentación legal que respaldara sus solicitudes, por lo que rechazaron proporcionar cualquier tipo de información confidencial. Los grupos enfatizaron que tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de los menores y cumplir con las obligaciones éticas y legales que rigen la representación jurídica.
El incidente ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones migratorias, quienes consideran que este tipo de acciones podría afectar la confianza de las familias inmigrantes en las instituciones encargadas de brindar apoyo legal. Además, sostienen que los menores migrantes tienen derecho a recibir asesoría y representación durante sus procesos judiciales sin temor a represalias o presiones externas.
Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, calificó la situación como un abuso de poder y afirmó que los menores inmigrantes merecen acceso al debido proceso independientemente de su situación migratoria. Según explicó, la presencia de agentes federales sin una orden legal válida genera incertidumbre entre quienes trabajan diariamente en la protección de la niñez migrante.
Por su parte, Paula Fitzgerald, directora ejecutiva de Ayuda, advirtió que este tipo de operativos puede enviar un mensaje preocupante a las comunidades inmigrantes. La activista señaló que muchas familias ya enfrentan incertidumbre debido a los procedimientos migratorios y que acciones de esta naturaleza podrían incrementar el temor de buscar asistencia legal cuando más la necesitan.
Las organizaciones también recordaron que sus programas cuentan con financiamiento aprobado por el Congreso de Estados Unidos desde hace más de una década y media. Estos servicios tienen como objetivo garantizar que los menores inmigrantes no acompañados comprendan los procedimientos legales, comparezcan ante los tribunales y cuenten con protección frente a situaciones de riesgo como explotación, abuso o trata de personas.
El caso ocurre en un contexto de creciente tensión en torno a la política migratoria estadounidense. Diversos grupos defensores de derechos civiles consideran que las recientes medidas migratorias han incrementado la presión sobre organizaciones comunitarias y proveedores de servicios legales. Mientras tanto, las organizaciones afectadas reiteraron que continuarán brindando asistencia a menores inmigrantes y defendiendo su derecho a una representación legal adecuada dentro del sistema judicial del país.
