Quinto Circuito desestima caso sobre la Ley de Enemigos Extranjeros, pero el debate migratorio sigue abierto
Washington, D.C.- El debate sobre el uso de una ley estadounidense de hace más de dos siglos volvió a los tribunales luego de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito desestimara un caso relacionado con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración de Donald Trump para expulsar a venezolanos señalados por el gobierno como integrantes del Tren de Aragua.
La decisión no significa que el tribunal haya determinado que el gobierno actuó legalmente al utilizar esta legislación de 1798. El Quinto Circuito concluyó que el caso había quedado sin materia porque los tres demandantes involucrados ya habían sido deportados mediante otras autoridades migratorias, por lo que el tribunal consideró que ya no podía concederles una reparación dentro de ese proceso.
Una desestimación que no cierra el debate
La jueza presidenta Jennifer Walker Elrod explicó que, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos devolvió el expediente al Quinto Circuito, los tres demandantes todavía permanecían en territorio estadounidense. Sin embargo, posteriormente el gobierno los expulsó utilizando otras disposiciones migratorias, modificando las circunstancias que habían dado origen al litigio.
Esto significa que el fallo se concentró en la situación procesal de esos tres casos y no resolvió de fondo si la Ley de Enemigos Extranjeros puede utilizarse para deportaciones en tiempos de paz. La diferencia es importante porque la controversia jurídica sobre la legislación continúa y podría volver a presentarse ante los tribunales en casos donde las circunstancias sean distintas.
Una ley de 1798 vuelve al centro de la política migratoria
La legislación conocida como Alien Enemies Act fue promulgada en 1798 y concede al gobierno federal determinadas facultades frente a ciudadanos de países considerados enemigos durante circunstancias específicas relacionadas con guerra, invasión o amenazas extraordinarias.
Su utilización contra venezolanos provocó una fuerte discusión jurídica debido a que Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra con Venezuela. La administración Trump defendió la medida argumentando que el Tren de Aragua representa una amenaza para la seguridad nacional y que sus integrantes podían ser expulsados mediante esta autoridad extraordinaria.
La controversia comenzó a escalar en marzo de 2025, cuando el gobierno estadounidense invocó la ley para acelerar la expulsión de más de un centenar de venezolanos acusados de pertenecer a esa organización criminal. Organizaciones defensoras de los derechos civiles cuestionaron la medida y argumentaron que las personas afectadas debían contar con las garantías necesarias para impugnar su deportación.
La Corte Suprema ya había establecido garantías
En mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino en la disputa y determinó que las personas sujetas a una posible expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros debían recibir aviso y una oportunidad razonable para impugnar su deportación antes de ser expulsadas.
El máximo tribunal devolvió entonces el expediente al Quinto Circuito para que continuara con el litigio. Sin embargo, el proceso tuvo nuevos cambios: en septiembre de 2025, un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones había fallado contra el uso de la legislación en ese contexto, pero posteriormente el pleno del Quinto Circuito anuló esa decisión y aceptó revisar nuevamente el asunto.
La ACLU advierte que la orden judicial sigue vigente
Tras conocerse la nueva decisión, Lee Gelernt, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU) que participó en el caso, sostuvo que la desestimación no modifica la orden de la Corte Suprema que exige garantías procesales para las personas que pudieran ser afectadas por esta autoridad.
La organización también sostiene que el fallo no resuelve la discusión más amplia sobre si resulta legal utilizar una facultad diseñada para tiempos de guerra dentro de una política migratoria desarrollada en tiempos de paz. Para la ACLU, esa cuestión continúa siendo relevante porque otras personas podrían enfrentar intentos de expulsión bajo la misma legislación.
CLAVE: La desestimación del caso no significa que el Quinto Circuito haya declarado legal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Una batalla legal que todavía no termina
El caso deja una situación particular dentro del complejo debate migratorio estadounidense. Por un lado, los tres demandantes ya no podían obtener una reparación mediante este litigio porque habían sido deportados utilizando otras autoridades. Por otro, la discusión sobre el alcance de la Ley de Enemigos Extranjeros permanece abierta.
La disputa también refleja el choque entre la política migratoria de la administración Trump y los límites que los tribunales han establecido respecto a las facultades extraordinarias del Ejecutivo. Mientras el gobierno sostiene que necesita herramientas contundentes para enfrentar a organizaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional, organizaciones civiles insisten en que las deportaciones deben realizarse bajo procedimientos que permitan a los afectados defenderse.
La ley de 1798, de nuevo bajo los reflectores
La Ley de Enemigos Extranjeros, creada hace más de 200 años, se encuentra así nuevamente en el centro de una disputa que combina migración, seguridad nacional y límites al poder presidencial. Aunque el Quinto Circuito cerró este caso específico por razones procesales, la pregunta sobre hasta dónde puede llegar el gobierno estadounidense al aplicar esta antigua legislación todavía no tiene una respuesta definitiva.
Por ahora, la orden de la Corte Suprema sobre las garantías que deben recibir las personas sujetas a posibles expulsiones bajo esta autoridad continúa siendo un elemento central del conflicto. Y mientras la política migratoria estadounidense mantiene su curso, es probable que el alcance de esta ley histórica siga siendo motivo de nuevas batallas judiciales.
