Demandan a administración Trump por presunto intercambio de datos de solicitantes de asilo iraníes
La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva controversia en materia migratoria tras la presentación de una demanda federal en la que una organización defensora de los derechos de los inmigrantes acusa al gobierno estadounidense de haber compartido información confidencial de solicitantes de asilo iraníes con autoridades de Irán. De comprobarse, la práctica representaría una grave violación a las normas de confidencialidad que protegen a quienes buscan refugio en Estados Unidos, además de colocar en una situación de alto riesgo a decenas de personas que huyeron precisamente del régimen iraní para proteger su vida. El caso ha despertado preocupación entre organizaciones civiles y expertos en derecho migratorio, quienes consideran que la revelación de estos datos podría tener consecuencias irreversibles para los afectados y sus familiares.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Washington, D.C., por el Iranian American Legal Defense Fund (IALDF), organización que representa a miembros de la comunidad iraní en Estados Unidos. De acuerdo con el recurso legal, citado por ABC News, el objetivo principal es que un juez ordene detener de inmediato cualquier intercambio de información entre las autoridades estadounidenses y el gobierno iraní, además de revisar todos los expedientes que presuntamente ya habrían sido compartidos. Los demandantes sostienen que la protección de la identidad de los solicitantes de asilo constituye uno de los principios fundamentales del sistema migratorio estadounidense y que romper esa confidencialidad puede poner en peligro la integridad física de quienes solicitaron protección internacional.
La organización explicó que buena parte de los ciudadanos iraníes que buscan asilo en Estados Unidos son personas perseguidas por motivos políticos, religiosos o de identidad sexual. Entre ellos figuran activistas que participaron en movimientos prodemocracia, integrantes de minorías religiosas que sufren discriminación dentro de Irán y miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes aseguran enfrentar persecución por parte del régimen iraní. Precisamente por ese contexto, las leyes migratorias estadounidenses establecen que ninguna autoridad puede divulgar información que permita identificar a un solicitante de asilo o revelar que una persona inició un procedimiento de protección internacional, ya que esa información podría ser utilizada por el gobierno del país de origen para ejercer represalias.
En la demanda se argumenta que revelar datos personales a las autoridades iraníes representa una violación directa a las regulaciones federales sobre confidencialidad. Los abogados del IALDF sostienen que esta práctica expone a los solicitantes a posibles actos de persecución, tortura e incluso la muerte si llegaran a ser deportados o si sus familiares permanecen en territorio iraní. Además, aseguran que el simple hecho de que el gobierno de Irán conozca quiénes solicitaron asilo en Estados Unidos podría desencadenar investigaciones, detenciones o amenazas contra familiares que aún viven en ese país, lo que incrementa la gravedad de las acusaciones presentadas ante la justicia federal.
Otro de los elementos centrales de la querella señala que funcionarios vinculados con la Sección de Intereses de Irán habrían sostenido reuniones con ciudadanos iraníes retenidos en centros de detención administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el documento judicial, varios de los inmigrantes aseguraron que nunca autorizaron esos encuentros y que, durante las entrevistas, los representantes iraníes ya conocían información detallada sobre sus procesos migratorios y sus solicitudes de asilo. Esa situación despertó sospechas entre los abogados defensores, quienes consideran que los datos solo pudieron obtenerse mediante el acceso a expedientes confidenciales protegidos por la legislación estadounidense.
La organización Public Citizen, que representa legalmente al Iranian American Legal Defense Fund, respaldó las acusaciones y afirmó que cualquier transferencia de información de este tipo constituye una violación grave de las normas federales de protección a solicitantes de asilo. Sus representantes señalaron que el sistema migratorio estadounidense ha mantenido durante décadas estrictos protocolos para evitar precisamente que gobiernos señalados por violaciones a los derechos humanos obtengan acceso a información sensible de personas que buscan refugio. De acuerdo con los abogados, romper esa protección no solo afecta a los casos actuales, sino que también podría generar desconfianza entre futuros solicitantes de asilo que teman que su información termine en manos del gobierno del que intentan escapar.
La demanda también hace referencia al incremento de deportaciones de ciudadanos iraníes durante la actual administración. Según el IALDF, más de un centenar de iraníes han sido deportados desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Aunque la organización reconoce que las deportaciones pueden realizarse conforme a la legislación migratoria vigente, sostiene que ninguna política de control fronterizo justifica poner en riesgo la vida de quienes solicitaron protección internacional mediante el intercambio de información confidencial con el gobierno del país del que huyeron. Por ello, solicitaron que el tribunal revise de manera urgente las actuaciones de las agencias federales involucradas.
Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Departamento de Estado de Estados Unidos habían emitido una postura oficial respecto a las acusaciones contenidas en la demanda. Mientras tanto, el proceso judicial apenas comienza y será la justicia federal la encargada de determinar si existió una violación a las normas de confidencialidad que protegen a los solicitantes de asilo. El resultado del caso podría convertirse en un precedente importante para futuras políticas migratorias y para la protección de miles de personas que recurren al sistema de asilo estadounidense con la esperanza de escapar de persecuciones políticas, religiosas o sociales en sus países de origen.
