Jueza de Nueva York frena suspensión de visas para 75 países
Una jueza federal de Manhattan puso un freno a una de las medidas migratorias más amplias impulsadas durante la administración de Donald Trump, al determinar que el Departamento de Estado se excedió en sus facultades al suspender el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.
La jueza Jeannette Vargas anuló la noche del viernes la política que había comenzado a aplicarse en enero y que instruía a funcionarios consulares a rechazar las solicitudes de visas de inmigrante de personas provenientes de los países incluidos en la medida, salvo que existiera algún otro motivo legal de inadmisibilidad.
En su resolución, Vargas consideró que la política era “manifiestamente ilegal” y concluyó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había ido más allá de la autoridad que le concede la legislación federal. El punto central del fallo es que una suspensión general basada únicamente en la nacionalidad no corresponde con el esquema migratorio establecido por el Congreso.
La medida había sido defendida por el Departamento de Estado bajo el argumento de que determinados solicitantes podían representar un mayor riesgo de convertirse en una llamada “carga pública”, es decir, depender de recursos gubernamentales después de ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, la jueza señaló que la legislación contempla una revisión individual de cada caso y no una exclusión general por país de origen.
Entre los factores que deben ser considerados en ese análisis se encuentran la situación económica del solicitante, su edad, salud, circunstancias familiares, bienes y recursos disponibles, así como su educación y habilidades. Con ello, la resolución devuelve el énfasis a la evaluación particular de cada persona que busca obtener una visa de inmigrante.
¿Qué países estaban incluidos?
La suspensión afectaba a ciudadanos de 75 naciones de distintas regiones del mundo. En América Latina se encontraban países como Brasil, Colombia y Uruguay, mientras que la lista también incluía a naciones de los Balcanes, como Albania y Bosnia, además de Pakistán y Bangladesh en el sur de Asia.
La política también alcanzaba a países de África, Medio Oriente y el Caribe, por lo que sus efectos se extendieron a miles de personas que tenían procesos migratorios en curso o esperaban avanzar hacia una residencia permanente en Estados Unidos.
El caso llegó ante la corte después de que organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas Catholic Legal Immigration Network y African Communities Together, presentaran una demanda junto con solicitantes afectados y ciudadanos estadounidenses que patrocinaban a familiares.
El fallo representa otro revés judicial para la administración Trump en materia migratoria, particularmente en un momento en que la Casa Blanca ha impulsado medidas destinadas no solamente a reforzar el control fronterizo, sino también a limitar distintas vías de inmigración legal.
Por ahora, la decisión elimina la suspensión general de visas basada en la nacionalidad. Sin embargo, para las personas cuyos trámites quedaron detenidos durante los meses en que estuvo vigente la política, permanece la incertidumbre sobre cuándo y bajo qué procedimiento se reactivarán completamente sus casos. El Departamento de Estado tampoco había emitido de inmediato comentarios sobre la resolución.
