Juez de Texas también descarta cargos contra inmigrantes por entrar en nueva “zona militar”
El propósito de la Administración de Donald Trump de sancionar fuertemente a los inmigrantes indocumentados que ingresen a Estados Unidos cruzando las nuevas zonas militares que ha ordenado a lo largo de varios estados en la frontera sur, fue frustrado esta semana cuando varios jueces rechazaron los cargos contra decenas de inmigrantes.
El juez federal Miguel Torres en El Paso, en Texas, desestimó los cargos presentados contra 16 inmigrantes acusados de traspasar una franja recién designada como de uso militar, según El Paso Matters.
El juez de El Paso se negó a encausar a doce inmigrantes el jueves y a cuatro más el viernes, después que el gobierno no pudo probar que había colocado letreros en “lugares visibles y apropiados” advirtiendo a las personas que estaban ingresando en área militar.
Una opinión similar fue dictada por el juez federal Gregory B. Wormuth en una corte de Nuevo México, cuando rechazó las acusaciones de traspaso contra 98 inmigrantes, quien dictaminó que el gobierno federal no hizo lo suficiente para establecer una causa probable de que los inmigrantes que ingresaban al país invadieron deliberadamente la propiedad militar.
The Associated Press informó que hasta mediados de esta semana se habían presentado aproximadamente 400 casos de este tipo en el tribunal penal de Nuevo México.
Los dos fallos suponen un revés para la Casa Blanca en sus esfuerzos por detener la inmigración indocumentada.
El gobierno de Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ampliar las zonas de control militar de bases militares cercanas a la frontera con México, autorizando su apropiación por el Departamento de Defensa, militarizando partes de la misma.
En las últimas semanas, el Departamento de Defensa tomó el control de dos franjas en la frontera con México: un tramo de 170 millas, conocido como la Reserva Roosevelt que se extiende a lo largo de California, Arizona y Nuevo México, y otro de millas a lo largo del Río Grande, en los condados de El Paso y Hudspeth (Texas).
Las zonas de defensa nacional designadas son supervisadas por los comandos del Ejército de EE.UU. desde Fort Bliss, en el área de El Paso, Texas, y Fort Huachuca, Arizona.
La designación permite a los militares detener a inmigrantes, una tarea prohibida para el Ejército de EE.UU. dentro del país en áreas que no son de dominio militar.
Y autoriza al Departamento de Justicia a formular cargos de traspaso de una zona militar contra los inmigrantes, lo que conlleva a sanciones penales además de la ofensa civil que enfrentan por entrar de forma indocumentada al país.
Los nuevos cargos de seguridad nacional contra los inmigrantes que ingresan a través de estas zonas militarizadas pueden resultar en penas de hasta 18 meses de prisión, además de una posible pena de seis meses por entrada ilegal.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó a finales de abril la frontera sur para destacar su autoridad sobre las franjas. “Esta es propiedad del Departamento de Defensa”, indicó en un comunicado de prensa.
Hegseth destacó que se colocaron carteles en inglés y español a lo largo de la franja que indican que el área está bajo jurisdicción militar estadounidense y advierten que los intrusos serán detenidos.
“La visibilidad es importante. La ubicación de las señales es importante. Su aspecto es importante”, dijo el juez Torres, sobre los avisos.
Todas las personas detenidas en estas zonas militares permanecen además bajo custodia de las autoridades de ICE en espera de sus procesos de deportación.
Por María Ortiz
Créditos: laopinion.com
