Corte Suprema respalda a Trump y limita solicitudes de asilo desde la frontera con México
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una de las resoluciones migratorias más relevantes del año al respaldar la postura de la administración del presidente Donald Trump sobre el acceso al sistema de asilo. En una decisión dividida de seis votos contra tres, el máximo tribunal determinó que las personas que permanecen del lado mexicano de la frontera no tienen derecho a solicitar asilo ni a ser procesadas por autoridades migratorias estadounidenses hasta que crucen físicamente a territorio de Estados Unidos.
El fallo corresponde al caso Mullin v. Al Otro Lado, en el que los magistrados analizaron el alcance de la legislación migratoria federal respecto al momento en que una persona puede ser considerada como alguien que “ha llegado” a Estados Unidos. La mayoría conservadora concluyó que esa condición únicamente se cumple cuando el inmigrante cruza la frontera, por lo que las autoridades no están obligadas a recibir ni procesar solicitudes de protección internacional de personas que permanecen en México, incluso si se encuentran frente a un puerto oficial de entrada.
Con esta resolución, el gobierno estadounidense obtiene respaldo legal para mantener o ampliar políticas de control fronterizo como el denominado “metering”, mecanismo utilizado durante el primer mandato de Trump para limitar el número de solicitantes de asilo que podían ingresar diariamente por los puertos fronterizos. La decisión fortalece la estrategia de la administración para ejercer un mayor control sobre el flujo migratorio en la frontera sur y restringir el acceso al procedimiento de asilo antes del ingreso al país.
Los jueces que integraron la mayoría señalaron que la legislación vigente establece de manera clara cuándo una persona adquiere el derecho a ser inspeccionada por las autoridades migratorias. Bajo esa interpretación, permanecer frente a un puerto de entrada o manifestar la intención de solicitar protección no constituye, por sí solo, una llegada oficial a territorio estadounidense. En consecuencia, el gobierno puede impedir el acceso sin que exista la obligación de iniciar un procedimiento migratorio.
La resolución generó un fuerte desacuerdo entre los integrantes del ala liberal del tribunal. La jueza Sonia Sotomayor emitió una opinión disidente en la que advirtió que el fallo permite al gobierno bloquear físicamente a personas que buscan refugio, incluso cuando enfrentan riesgos graves de persecución o violencia en sus países de origen. La magistrada sostuvo que la decisión modifica de manera significativa el funcionamiento histórico del sistema de asilo y limita el acceso a protecciones previstas por la legislación migratoria.
Diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes también expresaron preocupación por las implicaciones del fallo. La organización Al Otro Lado, involucrada en el caso, afirmó que la resolución representa un retroceso para quienes buscan protección internacional y podría dejar expuestas a miles de personas que permanecen en ciudades fronterizas mexicanas mientras intentan iniciar un procedimiento de asilo en Estados Unidos.
Especialistas en derecho migratorio señalaron además que la decisión podría abrir la puerta para la implementación de nuevas restricciones mediante acciones ejecutivas. Integrantes del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional, así como del Centro de Estudios de Género y Refugiados y del Centro de Derechos Constitucionales, coincidieron en que el Congreso estadounidense podría verse presionado para revisar la legislación migratoria si busca garantizar nuevamente el acceso al sistema de protección para personas que llegan a la frontera.
La decisión de la Corte Suprema fortalece la política migratoria impulsada por la administración Trump y redefine el alcance de uno de los temas más debatidos en materia de inmigración. Mientras el gobierno considera que el fallo brinda mayor claridad jurídica para reforzar el control fronterizo, organizaciones civiles anticipan nuevos litigios y continúan evaluando alternativas legales para defender el acceso al asilo de personas que huyen de conflictos, persecución o crisis humanitarias.
