Administración Trump quiere eliminar protecciones del Acuerdo Flores para niños inmigrantes
La administración de Donald Trump busca poner fin al “Flores Settlement Agreement” (Acuerdo Flores), una política de inmigración que desde la década de 1990 ha ofrecido protecciones a los niños inmigrantes bajo custodia federal, según una presentación judicial del jueves.
Qué es el Acuerdo Flores
El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda alegando maltrato generalizado a niños bajo custodia en la década de 1980 provocó una supervisión especial.
El caso de Jenny Flores fue el de una menor de quince años que huyó de la guerra civil en El Salvador y tras cruzar la frontera en 1985, enfrentó un duro trato por las autoridades migratorias, que incluyó un registro al desnudo y estar encerrada en un centro juvenil durante meses sin educación, recreación y otros apoyos mientras esperaba la deportación.
La expulsión de Flores se logró evitar después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaran al gobierno en un litigio que concluyó con el acuerdo que protege a todos los niños inmigrantes.
El Acuerdo Flores es un acuerdo legal histórico que brinda protección a los niños inmigrantes detenidos en Estados Unidos. Garantiza que sean tratados con dignidad y respeto, y que sus derechos se respeten durante todo el proceso migratorio, según el Center for Human Rights and Constitutional Law.
Desde 1997, el Acuerdo Flores exige que los funcionarios federales de inmigración de Estados Unidos mantengan a los niños inmigrantes en instalaciones que sean seguras e higiénicas, les proporcionen acceso a abogados y procuren su rápida liberación de la custodia del gobierno.
El acuerdo legal también ha permitido a los abogados inspeccionar los centros de detención que albergan a menores migrantes, para determinar si las condiciones son adecuadas para ellos y si el gobierno cumple con las disposiciones del acuerdo judicial.
Si bien inicialmente el acuerdo se aplicaba principalmente solo a los menores no acompañados, en 2015 la jueza del Tribunal de Distrito Dolly Gee extendió las protecciones a los menores migrantes detenidos con sus padres, limitando generalmente la detención de estos menores a 20 días.
El gobierno de Obama impugnó este fallo, porque buscaba disuadir a las familias migrantes de cruzar la frontera sur ilegalmente deteniéndolas mientras se decidían sus casos de asilo, y luego se llegó a un acuerdo para respetarlo.
Cuál es la demanda del Departamento de Justicia sobre el Acuerdo Flores
El Departamento de Justicia informó a la jueza Dolly Gee, con sede en Los Ángeles, en un documento presentado el jueves, que el Acuerdo Flores debería rescindirse “por completo”. Y argumentó que el acuerdo ha impedido al poder ejecutivo establecer eficazmente la política migratoria e incentivado el cruce ilegal de la frontera por parte de familias migrantes y menores no acompañados.
“Tras 40 años de litigio y 28 años de control judicial sobre un elemento crucial de la política migratoria estadounidense por parte de un tribunal de distrito ubicado a más de 100 millas de cualquier frontera internacional, es hora de que este caso concluya”, declaró el Departamento de Justicia en su presentación.
El Departamento de Justicia también argumentó que, mediante leyes y regulaciones gubernamentales, el gobierno ha codificado algunas de las disposiciones del Acuerdo Flores.
Pero sus esfuerzos fueron bloqueados por la jueza Dolly Gee, quien fue nombrada por el expresidente Barack Obama en 2009, y por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
El Departamento de Justicia también le pidió el jueves a Gee que levante un fallo que impide al Departamento de Seguridad Nacional aplicar una regulación de 2019 que habría permitido al gobierno detener a familias migrantes indefinidamente, eludiendo el límite máximo de 20 días.
Defensores del Acuerdo Flores se alistan a defenderlo
El equipo de abogados del Acuerdo Flores, integrado por el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL), el Centro Nacional de Derecho Juvenil (NCYL) y Children’s Rights (CR) aseguró en un comunicado de prensa que se mantiene firme en la defensa de este conjunto crítico de protecciones a los niños inmigrantes.
“Los niños que buscan refugio en nuestro país deberían ser recibidos con los brazos abiertos, no con encarcelamiento, privaciones ni abusos”, declaró Sergio Pérez, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.
“La decisión de la administración Trump de desestimar este acuerdo, que impide al gobierno encarcelar a niños en condiciones brutales indefinidamente, es otro paso ilegal que sacrifica la rendición de cuentas y la decencia humana en favor de una agenda política que demoniza a los refugiados”, dijo Pérez.
Mishan Wroe, abogada principal del Centro Nacional de Derecho Juvenil, dijo: “Eliminar las protecciones rudimentarias que tienen estos niños es inadmisible. En este preciso momento, bebés y niños pequeños están detenidos en centros de detención familiar, y niños de todo el país están siendo detenidos y separados de sus familias innecesariamente. Ahora, más que nunca, el gobierno necesita la rendición de cuentas que conlleva la supervisión de los tribunales federales”.
“Con su última maniobra legal, la administración Trump busca despojar a los niños de sus derechos humanos básicos y someterlos a detención indefinida en centros de detención de familias y patrullas fronterizas similares a prisiones que ningún niño debería soportar”, dijo Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights.
Por María Ortiz
Foto: Facebook
Créditos: laopinion.com
