Cambios en cortes de inmigración de EE.UU. generan dudas entre quienes tienen procesos abiertos
El sistema de cortes de inmigración en Estados Unidos atraviesa una serie de cambios administrativos que están modificando la forma en que miles de personas dan seguimiento a sus casos migratorios. Durante los últimos meses se han registrado cierres anticipados de tribunales, despidos de jueces, reasignaciones de expedientes y reportes sobre operativos migratorios en las inmediaciones de algunas sedes judiciales. Aunque las autoridades federales sostienen que los procesos continúan, abogados y organizaciones civiles recomiendan a los inmigrantes mantenerse atentos a cualquier cambio en sus audiencias para evitar consecuencias legales derivadas de ausencias involuntarias.
Uno de los movimientos más relevantes ocurrió en California, donde el Departamento de Justicia decidió cerrar una corte de inmigración varios meses antes de la fecha originalmente prevista. La medida llegó después de que la mayor parte del personal fuera despedido, incluyendo a 20 de los 22 jueces que laboraban en ese tribunal. Como consecuencia, miles de expedientes comenzaron a ser trasladados principalmente a la corte ubicada en Concord, en el condado de Contra Costa, una sede inaugurada en 2024 para atender parte de la carga de trabajo que anteriormente correspondía a San Francisco. El cambio no implica la cancelación de los casos, pero sí obliga a los solicitantes a verificar constantemente dónde continuará su procedimiento.
La reorganización también ha provocado modificaciones importantes en el calendario de audiencias. Diversos procesos fueron reprogramados debido a la reducción de personal y a la redistribución de expedientes entre distintas cortes. Tan solo en marzo, la corte de inmigración de San Francisco emitió alrededor de 800 notificaciones relacionadas con cambios derivados de despidos y jubilaciones, situación que obligó a reorganizar la agenda judicial. Como resultado, algunos inmigrantes recibieron fechas de audiencia más próximas, mientras que otros vieron sus procesos aplazados hasta los años 2028 o 2029, ampliando considerablemente los tiempos de espera para obtener una resolución.
Especialistas en derecho migratorio señalan que estos ajustes administrativos hacen aún más importante que los solicitantes mantengan actualizada su información de contacto ante las autoridades migratorias y consulten de manera frecuente el estatus de sus expedientes. Una notificación enviada a un domicilio desactualizado o un cambio de sede desconocido podría provocar que una persona no acuda a su audiencia, situación que podría derivar en órdenes de deportación emitidas en ausencia. Por ello, recomiendan revisar regularmente las comunicaciones oficiales y mantenerse en contacto con abogados o representantes legales cuando exista uno.
A la incertidumbre por los cambios en las cortes se suman los reportes difundidos por organizaciones comunitarias sobre la presencia de agentes migratorios cerca de algunos tribunales. La organización We Keep Us Safe informó que durante marzo de 2026 se detectó actividad constante de vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las inmediaciones de la Corte de Rancho Cucamonga, donde, según sus observaciones, diariamente permanecían entre seis y diez unidades esperando en los alrededores del edificio. En abril, aunque no se reportó presencia directa en esa sede, sí se documentaron patrullajes en ciudades como Covina, Pomona, San Bernardino y Victorville.
Ante este panorama, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes recomiendan a quienes tienen procedimientos abiertos verificar constantemente la sede donde continuará su caso, confirmar las fechas de audiencia y mantenerse informados mediante canales oficiales o con asesoría legal especializada. Si bien las modificaciones responden a una reorganización del sistema judicial migratorio, la combinación de cambios administrativos y operativos migratorios ha generado incertidumbre entre miles de familias que permanecen a la espera de una resolución sobre su situación en Estados Unidos.
