Corte Suprema de EE.UU. mantiene la ciudadanía por nacimiento y rechaza la orden ejecutiva de Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este martes la vigencia de la ciudadanía por nacimiento al resolver, por una mayoría de 6 votos contra 3, que la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para restringir ese derecho es incompatible con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Con esta decisión, el máximo tribunal reafirmó una interpretación constitucional que ha permanecido vigente durante más de un siglo y que reconoce como ciudadanos estadounidenses a la mayoría de las personas nacidas en territorio nacional, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
En la opinión mayoritaria, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sostuvo que existían escasos fundamentos jurídicos para modificar el alcance histórico de la Decimocuarta Enmienda. El magistrado afirmó que la ciudadanía por nacimiento constituye uno de los pilares del sistema constitucional estadounidense y recordó que el texto de la Constitución es claro al establecer que quienes nacen en territorio de Estados Unidos y están sujetos a su jurisdicción adquieren automáticamente la ciudadanía desde el momento de su nacimiento.
Roberts destacó que la ciudadanía representa mucho más que un reconocimiento legal, al definirla como el derecho que permite ejercer otros derechos fundamentales dentro de la vida democrática del país. En el fallo, el tribunal señaló que la interpretación promovida por la administración Trump contradecía décadas de jurisprudencia consolidada y carecía de respaldo suficiente para modificar un criterio constitucional que ha guiado al sistema migratorio y de nacionalidad durante generaciones.
El litigio comenzó después de que Donald Trump firmara, el 20 de enero de 2025, una orden ejecutiva apenas horas después de asumir su segundo mandato presidencial. El documento pretendía limitar la ciudadanía automática para algunos niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encontraran de manera temporal o sin autorización migratoria en el país. La medida fue impugnada casi de inmediato por organizaciones defensoras de los derechos civiles, gobiernos estatales y grupos de inmigrantes, que argumentaron que violaba directamente la Constitución.
La ciudadanía por nacimiento está contemplada en la primera sección de la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 durante el periodo de Reconstrucción posterior a la Guerra Civil estadounidense. El texto constitucional establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Históricamente, esta disposición fue incorporada para garantizar la ciudadanía a millones de afroamericanos liberados tras la abolición de la esclavitud, aunque también ha protegido durante décadas a los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.
Especialistas en derecho constitucional recordaron que las excepciones a este principio son muy limitadas. Amanda Frost, profesora de Derecho de la Universidad de Virginia, ha explicado que únicamente quedan fuera de esta protección casos específicos, como los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en Estados Unidos o de fuerzas militares invasoras, situaciones que históricamente han sido consideradas excepcionales dentro de la interpretación de la Decimocuarta Enmienda.
Durante años, Donald Trump sostuvo públicamente que la ciudadanía por nacimiento había sido interpretada de forma demasiado amplia y que la Constitución no obligaba a reconocer automáticamente como ciudadanos a todos los niños nacidos en territorio estadounidense. Esa postura fue la base de la orden ejecutiva emitida en enero de 2025, en la que su administración argumentó que la cláusula constitucional debía reinterpretarse para excluir a determinados hijos de inmigrantes con presencia temporal o irregular en el país.
Con esta resolución, la Corte Suprema pone fin a una de las disputas constitucionales y migratorias más importantes de los últimos años. El fallo mantiene vigente el principio de ciudadanía por nacimiento, limita el alcance de la orden ejecutiva firmada por Trump y reafirma el criterio que durante más de 150 años ha definido quién adquiere automáticamente la nacionalidad estadounidense al nacer dentro del territorio de Estados Unidos.
