Acusan a tres guatemaltecos por presunta red de tráfico de menores en EE.UU.

Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra tres ciudadanos guatemaltecos señalados por su presunta participación en una red de tráfico de menores que habría facilitado el ingreso irregular de más de una docena de niños al país. El caso fue dado a conocer por el Departamento de Justicia (DOJ), que aseguró que la investigación forma parte de una estrategia para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico humano y fortalecer la seguridad fronteriza.

De acuerdo con la acusación federal, los señalados son Maritza Kawik-Koch, su hermano Carlos Agustín Kawik-Koch y Gladys Marina Kalchen. Las autoridades sostienen que los tres habrían utilizado documentación falsa y afirmado ser familiares cercanos de varios menores con el objetivo de obtener su custodia mediante procedimientos gubernamentales.

Durante el anuncio oficial, el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, explicó que los acusados presuntamente participaron en una operación de contrabando humano enfocada en menores de edad. Según las investigaciones preliminares, la red habría aprovechado vacíos en los procesos migratorios para facilitar el traslado de niños hacia territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia indicó que los menores involucrados serían las principales víctimas de este tipo de esquemas, ya que suelen quedar expuestos a situaciones de vulnerabilidad durante los procesos de traslado y custodia. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han revelado públicamente las identidades de los niños ni detalles específicos sobre su situación actual.

Blanche aseguró que la administración federal mantiene como prioridad el combate al tráfico de personas y la explotación infantil. Además, afirmó que distintas agencias gubernamentales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), colaboran en acciones coordinadas para detectar y desmantelar este tipo de redes.

El funcionario también aprovechó la presentación del caso para señalar que las políticas migratorias implementadas en años recientes contribuyeron al aumento de delitos relacionados con el tráfico de personas. En ese contexto, reiteró que la actual administración mantiene una postura de “tolerancia cero” frente a cualquier actividad vinculada con la explotación de menores o el contrabando de migrantes.